Él había sido señalado por supuesta falsificación y uso doloso de documentos públicos. Según la institución, no se hallaron indicios que permitan establecer responsabilidades penales contra Ochoa. 

En un boletín de prensa, la Superintendencia señaló que “con esto, se ratifica el manejo institucional dentro de lo impuesto en la Norma Suprema” y la legalidad. 

El proceso se abrió por la impresión de 300.000 copias de la Ley de Comunicación por parte de la Supercom. Los documentos se reprodujeron con un error. 

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señaló que el proceso no debe ser archivado. “Se quiere dejar en la impunidad un delito que es más que evidente”, dijo. 

Con base en esas leyes de bolsillo se abrieron procesos en contra de medios de comunicación.

Mauricio Alarcón, de Fundamedios, señaló que el caso debe ser revisado por el fiscal.