Cuando en el año 2002, el entonces Congreso Nacional aprobó por unanimidad de los diputados la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General (LOCGE), el país observó cómo se modernizaba este organismo, creando más competencias como la Auditoría Ambiental y de Gestión Pública, se garantizó el debido proceso y el derecho a defensa en todos los procedimientos administrativos, siendo un ejemplo para Latinoamérica este cuerpo normativo.

La acrisolada honradez, virtud de hombres de bien como Hugo Ordóñez Espinoza, Marcelo Melo, Oswaldo Molestina, Solón Espinoza, Alfredo Corral, que dirigieron este organismo, hoy han sido lapidados por una persona que no tiene ni tendrá la valentía de defenderse de las acusaciones, peor de defender la credibilidad institucional. 

La descentralización y desconcentración que la Constitución dispone como gestión administrativa, no fue jamás un objetivo institucional, toda vez que en Quito se aprueban o se arreglan los resultados; por el contrario, ordenó un profundo hermetismo al prohibir que los Directores Regionales o Delegados Provinciales puedan dar declaraciones públicas.

La autonomía económica financiera, característica fundamental de un organismo de control, se esfumó en la conducción del contralor Pólit, puesto que aceptó que el cinco por mil de los presupuestos de las instituciones públicas, que eran sus ingresos, pasaran a constar en el presupuesto general del Estado dependiendo del Ejecutivo y sometido al cabildeo de los asambleístas.

Recibió condecoraciones de autoridades provinciales al mérito cívico, como una especie de gratitud de los auditados por haber aprobado las auditorías sin ningún tipo de responsabilidad, olvidándose que en materia penal son imprescriptibles las acciones, por lo que debemos exigir los ciudadanos que se proceda a realizar una revisión de lo revisado, sin violentar el principio del nos bis in idem. Permitió que se elimine la auditoría de gestión pública no aplicando ninguna estrategia comunicacional para que no se produzca la reforma a la Constitución, logrando que el Ecuador retroceda en el control a la corrupción.

En definitiva, una década perdida en materia de control; toleró y permitió a vista y paciencia de los ecuatorianos que el peculado y el enriquecimiento ilícito sean una actitud común y corriente de los funcionarios públicos, que hoy están convencidos de que no pasará nada. Mi solidaridad para todos los ex y actuales honestos servidores de la Contraloría que pasan por este mal momento.