Los cargos contra Temer fueron formulados por la Fiscalía sobre la base de unas confesiones de directivos del grupo JBS, cuyo valor legal fue ratificado ayer por la Corte Suprema, con lo que se eliminó el último de los factores que pudieran haber detenido el proceso.

Como es de rigor, el texto de la denuncia fue remitido por el tribunal a la Cámara de Diputados, donde por imperativos legales fue leído en una sesión de un pleno que lució virtualmente vacío, debido a una suerte de “boicot” hecho por la poderosa base parlamentaria oficialista, que defiende la inocencia del mandatario.

Temer fue notificado oficialmente del inicio del trámite, pero no recibió personalmente el documento y le encargó esa responsabilidad a su subjefe de Asuntos Jurídicos, Gustavo Rocha.

El documento de 64 páginas que contiene la denuncia fue remitido también a la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, cuyos 66 miembros contarán con un plazo máximo de quince sesiones para decidir si los cargos deben ser acogidos.

Esa comisión elaborará un informe que, al margen de su resultado, será encaminado luego al pleno de los 513 diputados, donde la denuncia será admitida si contara con el respaldo de al menos dos tercios, que representan 342 votos.

Pasos. Si así fuera, el Supremo instauraría un juicio penal contra el mandatario, quien sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que duraría el proceso y su vacante sería cubierta por el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

El presidente de la comisión que hará el primer análisis, Rodrigo Pacheco, dijo que la primera sesión deberá realizarse el martes próximo, cuando será elegido el diputado que actuará como instructor del caso, un cargo que ya pleitean el oficialismo y la oposición.

Los primeros tienen una amplia mayoría en la comisión, pero la designación será hecha en forma autónoma por Pacheco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) que lidera el mandatario, lo cual despierta suspicacias entre sus adversarios.

Los ejecutivos de JBS acusaron a Temer de recibir coimas desde el 2010 y aportaron una explosiva grabación, en la que el mandatario escucha en silencio o consiente maniobras ilegales relatadas por el dueño de la empresa, Joesley Batista, durante una visita a la residencia oficial de la Presidencia.