El texto original explica que estos se producen cuando incluyan el desplazamiento del lugar de domicilio del servidor a una localidad diferente y durarán dos años, pudiendo extenderse hasta por dos años más.

El Ejecutivo propone que debe admitirse un vencimiento anticipado. De allí que sugiere que el traslado pueda concederse hasta por dos años y darse por concluido anticipadamente. 

Respecto a la disposición transitoria Décimo Cuarta, que plantea la creación de una universidad de seguridad ciudadana y ciencias policiales, el exmandatario formula un texto alternativo, en el que estipula que en el plazo de 180 días el Consejo de Educación Superior elaborará los estudios necesarios, a fin de que en las universidades públicas puedan establecerse carreras relacionadas con la capacitación, formación y especialización académica en las temáticas inherentes a la seguridad ciudadana.

En el mismo plazo evaluará si las carreras que imparte el Instituto Tecnológico Superior de la Policía Nacional pueden ser implementadas como carreras por parte de las universidades estatales. El veto mantiene inalterable el espíritu del Libro III, que crea el Servicio de Protección Pública y que ha generado críticas desde la oposición.

El asambleísta Diego Salgado dijo en su momento que crear ese cuerpo de seguridad va en contra de la Constitución, que solo establece a la Policía y Fuerzas Armadas como parte de la seguridad pública.

La nueva Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre el veto parcial.