Cuando su madre le encontró en la cama con su novio, los echó a la calle desnudos y empezó a golpearlos. “Los vecinos, todo el barrio nos pegaba”, cuenta este chico de 33 años.

Una televisión local grabó la escena y la noticia corrió como la pólvora. Miguel se fue un mes de vacaciones al extranjero para que se calmaran las aguas. No sirvió de nada: cuando regresó le echaron del trabajo y le metieron una paliza tan brutal que acabó en el hospital ingresado.

Decidió entonces salir del país de prisa y corriendo. Tras pasar por Camerún voló hasta España, donde pidió asilo. Su novio, Éric, no pudo seguirlo; se suicidó con un cóctel de medicamentos.

Miguel no es el único miembro del colectivo GLTBI (gais, lesbianas, transgénero, bisexuales e intersexuales) en haber pedido protección en España. 

Aunque no existan datos oficiales —el Ministerio de Interior no desglosa las peticiones de asilo según el motivo—, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y las organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo confirman que las solicitudes por persecución por orientación sexual han aumentado de manera consistente en los últimos años, publicó diario El País de España.

 

Las solicitudes. Una fuente de la unidad de protección de ACNUR detalla que están llegando sobre todo peticiones de ciudadanos de Gambia, Camerún, Marruecos, Argelia y, más recientemente, también de Venezuela y Centroamérica.

Ser extranjero, solicitante de asilo, y pertenecer al colectivo LGTBI no es fácil, ni siquiera en un país como España, considerado como el más gay-friendly del mundo (ambiente amigable gay), según el Pew Research Centre. 

“Se ha llegado a denegar la protección a solicitantes marroquíes diciendo que podían volver a su país y ser discretos, ocultar su homosexualidad”, recuerdan desde la Federación Estatal LGTB (Felgtb). 

 

LGTBFOBIA. Aunque las organizaciones aseguren que ha habido avances, también insisten en que siguen existiendo obstáculos por el camino, desde falta de herramientas hasta episodios de lgtbfobia en los centros de acogida o la aplicación de categorías estereotipadas por parte de los mismos funcionarios a la hora de evaluar los relatos de los demandantes.

Aunque el Tribunal de Justicia de la UE puso un límite, en el 2014, a las entrevistas que violan la intimidad del solicitante —e intentan “averiguar” cuáles son sus prácticas sexuales—, no se fijó un protocolo con pautas concretas a seguir. La semana pasada, Podemos registró en el Congreso el proyecto de ley integral elaborado por la Felgtb y dirigido a garantizar los derechos del colectivo, incluidos los demandantes de asilo. 

El texto exige que los interesados gocen desde un primer momento de un “ambiente de seguridad y apoyo [...] para que puedan colaborar plenamente y sin miedo con la administración”, y reclama que los funcionarios tengan una formación adecuada acerca de las necesidades del colectivo y de la situación en sus países de origen.

Germán (nombre ficticio) viene de Venezuela, un país donde la homosexualidad no es ilegal y hay mucho más activismo LGTBI que en África. 

“Pero ahí tampoco es aceptada y nunca lo será”, argumenta el joven, quien llegó a España el año pasado después de que una pelea, que define como “la paliza de su vida”, desembocara en un vórtice de amenazas hacia él y su familia.

 

Esperan respuesta. Como Miguel, también Germán está a la espera de saber qué pasará con su solicitud de asilo. 

Ambos participan en unas sesiones psicológicas dirigidas al colectivo LGTBI y organizadas por la Fundación Merced Migraciones. 

“Aunque pueda haber identidades culturales con necesidades específicas, lo que siempre es común es el trauma”, explica Gabriela López, psicóloga del centro. 

“El problema es que los tiempos psicológicos no consiguen acompasarse con los de la administración”, lamenta. 

Cuando el solicitante de asilo está finalmente listo para contar su historia, quizás haya perdido su oportunidad para convencer a las instituciones de que necesita protección.

Paloma Favieres, coordinadora de servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), confirma que la legislación no exige “una prueba plena” de la persecución que sufre el solicitante de asilo ni pide que se acredite la orientación sexual. 

“Hay que aportar indicios de que existe un temor fundado y ofrecer un relato coherente”, aclara. Pero, ¿cómo demostrarlo? 

Miguel lleva dos años y medio a la espera de que se resuelva su solicitud. Mientras, ha decidido fundar una asociación para ayudar a los homosexuales africanos a tramitar sus peticiones de protección en España, en una clara condena a un continente donde el colectivo LGTBI es marginado y hostigado: en el mundo, la homosexualidad es considerada delito en más de 70 países, la casi totalidad de ellos en África y Oriente Próximo. En otros, como Guinea Ecuatorial, ser homosexual no es ilegal de iure, pero sí de facto.