El documento elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiiar)  establece para quienes trabajan allí, en el apartado de “Obligaciones en el uso de espacios de uso en común”, en su página 12,  en el numeral 4.3, que se debe “Coordinar con la Administración por lo menos 24 horas de anticipación el ingreso de periodistas, o canales de televisión, que ingresarán con su respectivo carnet de identificación a la oficina o sala de reunión previo autorización del administrador del inmueble; una vez realizada la entrevista deberán salir del inmueble”.

Mientras que los usuarios que llegan pueden ingresar sin registrarse.

Ayer, a un equipo de Ediasa que cubrió una información en el CAC, los guardias del lugar explicaron que antes de ingresar los periodistas debían registrarse en dos lugares diferentes. Se explicó que era una medida que se tomaba por razones de seguridad.

Andrea Alarcón, administradora del CAC, explicó que los periodistas pueden hacer cobertura en el lugar pero previa coordinación con la administración y la confirmación de que serán atendidos por la entidad correspondiente.

Para el jurista Marcelo Farfán, este tipo de normas son una restricción al derecho de informar y de acceso a la información.

Explicó que el servicio público se rige por el principio de transparencia y que los medios y todo ciudadano tiene derecho a conocer la información pública de las entidades.

La abogada Tábitha Véliz cree que esto se puede considerar como una forma de discriminación a los periodistas por pedirles algo que no se solicita a otros ciudadanos. Además, considera que el reglamento vulnera el artículo 23 de la Constitución.

La Carta Magna establece que “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales”.

Los periodistas como ciudadanos tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones a los espacios públicos, algo que consagra la Constitución, en el artículo 31, dijo la abogada.