Esa convicción está plasmada en un informe que la Policía Federal realizó a pedido del Ministerio Público y que fue publicado ayer por medios locales, después de que fue entregado a la Corte Suprema, que decidirá sobre el curso de esa investigación.

La averiguación comenzó por las dudas surgidas en marzo del año pasado, cuando Rousseff, aún en el poder, nombró a Lula ministro de la Presidencia en momentos en que este enfrentaba diversas denuncias por supuesta corrupción y era objeto de varias investigaciones.

La condición de ministro, que fue negada en forma cautelar por un juez de la Corte Suprema, le habría valido a Lula para escapar de los jueces de primera instancia que lo investigaban y obligado a remitir el caso al máximo tribunal, lo que supondría que los procesos en marcha volvieran a su inicio.

Según el informe de la Policía, esas “maniobras” acabaron siendo un “obstáculo” para las investigaciones.