“Nosotros presentamos la solicitud al máximo órgano regulador, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para que ellos hagan una auditoría imparcial y den un informe si han vulnerado alguna norma“, dijo  Milton Claros, ministro de Obras Públicas.

El funcionario dijo que su Ministerio halló indicios de fallas en los permisos que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), otorgó a la aerolínea Lamia, que tenía en funcionamiento un único avión que se accidentó el 28 de noviembre.

Por este hecho hay procesos penales abiertos a nueve funcionarios, entre ellos Gustavo Vargas Villegas, exdirector del registro aeronáutico nacional de la DGAC; responsable de otorgar licencias de vuelo a las empresas. 

El acusado es hijo del gerente general de la empresa Lamia, Gustavo Vargas, quien tramitó las licencias para la empresa.