El banco en liquidación deja en situación crítica a 31.536 agricultores que por justificadas razones cayeron en mora, como consecuencia de fenómenos climáticos que terminaron en  sequías e inundaciones, casi siempre acumulando obstáculos de comercialización o presencia de plagas y enfermedades incontrolables o, para el caso de Manabí y Esmeraldas, por las secuelas del último terremoto, que hicieron imposible  la cancelación  de las deudas, habiéndose activado, sin miramientos,  juicios coactivos que concluirán en el remate  de las fincas entregadas en garantía, a lo que hay que sumar la imposibilidad que los agricultores involucrados sean sujetos de crédito en el sistema financiero nacional y dejen de sembrar, en desmedro del aporte a la seguridad alimentaria, cerrando espacio al empleo rural y estimulando la agudización de la pobreza.

Hemos revisado una información oficial que demuestra que la mayoría de campesinos en situación complicada con el anterior banco, son pequeños cultivadores, sumando  sus deudas la cantidad de 149’337.828, de cuyo monto sólo 554 operaciones (1.8%) van entre 20.000 a más de 100.000 dólares, que podrían apreciarse como elevadas, con un total en dólares de 21’498.240, es decir el 14% del monto global de los adeudos del banco en liquidación.

Es por tanto importante, se adopten medidas urgentes para dictar una nueva ley de reestructuración de esas transacciones, dejando sin efecto el pago de intereses y recargos judiciales, y a la vez disponer un nuevo plazo de amortización del capital, a no menos de 20 años, con una tasa de interés igual a la inflación actual, esta medida frente a la imposibilidad legal de condonación absoluta, como sería lo deseable en este especial caso. Obviamente, de manera inmediata  proceder a la suspensión de los juicios coactivos en marcha. Si así se procede se honraría el sacrificado  trabajo de campesinos que no pagaron porque no quisieron, sino porque no pudieron hacerlo.