“De los cuatro presos muertos, tres fueron decapitados y uno fue muerto por asfixia”, señaló la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Amazonas en un comunicado.

No obstante, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Epitácio Almeida, elevó la cifra a cinco.

El penal en el que se produjo la revuelta dejó de funcionar en octubre pasado por recomendación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), debido al hacinamiento y a su precaria infraestructura, pero fue reabierto esta semana para albergar a unos 300 internos de otra cárcel en la que también se vivió una matanza.

Crisis. La crisis comenzó entre el 1 y el 2 de enero en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj), cuando miembros de la banda Familia do Norte (FDN), iniciaron una cacería sanguinaria contra integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), la cual dejó 56 muertos.

El episodio supuso la segunda mayor masacre en la historia carcelaria de Brasil tras el ocurrido en 1992 en una Casa de Detención de Sao Paulo, en la que murieron 111 reclusos.

El presidente de Brasil, Michel Temer, se reunió el sábado con la Corte Suprema para tratar la crisis y buscar soluciones.