Antes de continuar con los detalles legalísticos y logísticos (previos) a la Acción Pública de Inconstitucionalidad que el Comité Cívico de Manta procesa ante la Corte Constitucional del Ecuador con la finalidad de dejar sin efecto el contrato de concesión del Puerto Manabita, permítaseme daros una primicia: ¿Recuerdan que el actual gerente de APM, José Miguel García, confirmó en La Marea (14 de diciembre de 2016) que “solo 100 personas serán separadas de la entidad” debido a que la empresa chilena Agunsa estará a cargo de la operación del Puerto, luego de 180 días? ¿Y que APM tiene (hoy) 202 empleados? ¿Y que Agunsa ha prometido contratar 800 personas, entre las cuales estarán muchas de las que saldrán de APM, ah?

 Bueno, pues, yo diría que los despidos empezaron desde antes mismo de la firma del contrato. A saber: Kevin Lazo, “renunciado” de la Gerencia General por haberse negado, supuestamente, a cambiar pliegos, condiciones y fechas del concurso, por órdenes de lo alto (no acatadas). El Ministro de Transporte, OO.PP., Puertos y Aeropuertos, Walter Solís, “reemplazado” por algo parecido, que enfureció en un sabatinazo a S.M. Rafico I. Y Zoilita Sotomayor (no duró ni tres meses en la dirección de Comunicación de APM) por  las reiteradas “rectificaciones” que exigía a periodistas y medios (incluyendo a El Universo, a El Diario y a mí), demostrando así su falta de “química” con la prensa.