Mari Luz, de 36, convivía con él desde hace dos años en este habitáculo improvisado con chapas de madera de menos de cuatro metros cuadrados y tan bajo que no permite ponerse de pie. Sus gritos desesperados rompen el silencio de la madrugada a la espera de que los forenses lleguen a recoger el cuerpo.

Tres disparos en la espalda acabaron con la vida de Antonio. “No sabemos quién lo hizo”, comenta un agente, mientras muestra a  la agencia Efe -que llegó al lugar justo después de la ejecución- un informe preliminar escrito a mano: “objetos hallados en el lugar del suceso: casquillo calibre 45 y papelina de shabú (metanfetamina)”.

El caso ha pasado a engrosar la lista de las “muertes bajo investigación”, aproximadamente la mitad de las más de 6.100 ejecuciones extrajudiciales que ha dejado hasta el momento la “guerra contra las drogas” iniciada por Duterte en junio del año pasado.

La mayoría de las “muertes bajo investigación”, que paradójicamente casi nunca acaban siendo investigadas, corre a cuenta de los “vigilantes”, patrullas vecinales callejeras que ajustician a presuntos drogadictos o narcotraficantes aprovechando el clima de impunidad que les brinda la Administración.

Vigilantes. Los vigilantes suelen embalar los cadáveres de sus víctimas con cinta aislante y adherir carteles con frases como “Yo era “pusher” (“camello”), no sigas mi ejemplo”. En este caso no tuvieron tiempo; la comisaría está a solo 300 metros de distancia.

Duterte ganó las elecciones presidenciales del pasado mayo con la promesa de eliminar el problema de la droga en sus primeros seis meses de mandato -más tarde los prorrogó a doce- y ha instado en numerosas ocasiones a agentes y ciudadanos a asesinar a narcotraficantes y drogadictos.

Otras ejecuciones de la “guerra contra las drogas”, menos de la mitad, son cometidas por los policías, que tienen la orden de disparar a matar si consideran que el sospechoso opone resistencia.

Este es el caso de dos jóvenes -pequeños narcotraficantes, según el informe policial- que en esa mima noche, envalentonados por el “shabú”, irrumpieron en un lavadero de carros de un barrio cercano para robar aparatos electrónicos.

Los agentes, que les esperaban en la puerta del establecimiento, apretaron el gatillo sin preguntar, según reportes de prensa.

Duterte, que en diciembre pidió disculpas por las vidas de inocentes segadas en su particular campaña, mantiene que el fin justifica los medios; que no es problema acabar con miles de vidas de forma más o menos arbitraria si esto sirve para poner a salvo a los 100 millones de filipinos de las drogas.