Fernando V. tiene un proceso penal por el supuesto hackeo de correos electrónicos de funcionarios del Gobierno y difundir información reservada.

Ante esto, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga,  reiteró que la CIDH no tiene competencias para dictar medidas cautelares y que “este tipo de reclamaciones sobre supuestas afectaciones a derechos fundamentales y políticos de este ciudadano se basan en percepciones sesgadas que pretenden menoscabar la imagen de la nación”. 

Por ello, lamentó la postura de la Comisión “que con sus opiniones se involucra en asuntos nacionales y, lo que es peor, asume una posición de evidente injerencia política a favor de alguien que de manera reincidente ha infringido la ley”.