“Uno de los puntos principales es que desmilitaricen ese territorio”, dijo el presidente de esta organización, Jorge Herrera, que acudió con el pedido al despacho del arzobispo de Quito, Fausto Trávez. 

Herrera también solicitó que “se promueva un debate nacional sobre el modelo económico, sobre el sistema extractivista” y que se conforme “una comisión que determine exactamente los territorios ancestrales” en el país.

Además, demandó que se levante el estado de excepción que fue decretado hace tres semanas para Morona Santiago por el Gobierno y que sean liberadas seis personas, entre ellas el presidente de la Federación Shuar, Agustín Wachapá.

Herrera manifestó que los aprehendidos son “de familias humildes, inocentes”, y afirmó que nada tienen que ver con los incidentes que se dieron en el campamento minero de San Carlos Panantza, donde un policía murió y otros 7 uniformados resultaron heridos, el 14 de diciembre.

“Monseñor Trávez lo que nos ha manifestado es buscar los mecanismos más adecuados, más viables de mediación”, dio a conocer Herrera a Ecuavisa.

Trávez recibió a la Conaie a puerta cerrada y no se pronunció, pero el sacerdote Alcides Catota, de la Pastoral indígena Latinoamericana, manifestó que “estamos seguros que la voz de la Iglesia será escuchada en todos los ámbitos de la sociedad”, y este tema no será la excepción.

Catota mencionó que este tipo de conflictos por la actividad minera está generando problemas en otros pueblos indígenas de América Latina.

El lugar se mantiene actualmente en estado de excepción desde el pasado 15 de dicimbre del 2016.