“Hoy, primero de diciembre del año 2016, podemos decir, ya oficialmente, que esta guerra terminó”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al anunciar el llamado “Día D”, que marca el comienzo de la implementación.

El acuerdo final es un tratado de 310 páginas sobre cinco puntos: Desarrollo rural integral; Participación política; Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición), y Fin del conflicto, que contiene el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como la dejación de armas y desmovilización de las FARC.

Dijeron que no. La firma de la paz tenía fecha, el 23 de marzo, pero las partes no alcanzaron a terminar la negociación para ese día y la prolongaron hasta el 24 de agosto, día en que dieron por concluido el acuerdo.

El acto solemne de firma tuvo lugar el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena, en un escenario al aire libre construido especialmente para la ocasión. Alrededor de la mesa de la paz se sentaron reyes, presidentes, jefes de organismos multilaterales y guerrilleros, casi todos vestidos con guayabera blanca que destacaban entre unos 2.500 invitados especiales que aplaudieron eufóricos a Santos cuando firmó con el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”. Pero la fiesta no duró ni una semana porque el 2 de octubre los colombianos rechazaron el acuerdo en el plebiscito en el que se impuso por estrecho margen, inferior a medio punto porcentual (unos 54.000 votos), la opción del “no”, liderada por el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático.

Nuevo intento. Para salvar los muebles del naufragio, el presidente convocó un diálogo político con los sectores conservadores, entre ellos Uribe, la Iglesia católica y las evangélicas, con el fin de escuchar sus objeciones al acuerdo.

Algunas resultaron ser concretas, como por ejemplo en el punto del modelo de justicia transicional que se aplicará a los guerrilleros, y otras muy vagas, como una supuesta “ideología de género” que no está en el acuerdo.

Y justo en el momento más delicado, cuando el horizonte se llenaba de nubarrones, el proceso recibió un impulso externo con la concesión del Nobel de la Paz a Santos, anunciado el 7 de octubre, tan solo cinco días después del plebiscito, “por sus decididos esfuerzos” para alcanzar la paz.

Después de muchas reuniones en Bogotá en las que los negociadores del Gobierno recogieron cerca de 500 propuestas e inquietudes de los líderes del “no”, que condensaron en 57 puntos, se llegó a un nuevo acuerdo en Cuba con las FARC, que aceptaron modificaciones en todos menos uno, el de la elegibilidad política de sus jefes. Con el acuerdo mejorado, Santos y “Timochenko” volvieron a firmar, esta vez sin pompa y sin invitados internacionales, el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá.

Para no correr los riesgos del acuerdo original, rechazado por la ciudadanía, el presidente escogió esta vez al Congreso de la República como medio para la refrendación, en lugar de un segundo plebiscito.

Sometido a sendos debates en el Senado y la Cámara de Representantes en los dos últimos días de noviembre, el nuevo acuerdo fue aprobado gracias a las amplias mayorías del Gobierno en el Legislativo, en votaciones de las que se retiró la bancada uribista.

Con el acuerdo ya refrendado comienza la movilización de los guerrilleros hacia las 23 zonas rurales,  donde permanecerán durante los 180 días en que entregarán gradualmente sus armas a una misión internacional de la ONU para luego desmovilizarse.

Si no surgen problemas en el camino, a finales de mayo de este año estará concluida esta fase y las FARC podrán convertirse en partido político, pero el proceso seguirá pues el Congreso debe aprobar un paquete de leyes que permitan al Gobierno hacer los cambios políticos, económicos y sociales previstos por el acuerdo.

La paz con las guerrillas no será, sin embargo, absoluta porque queda pendiente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que  sigue negociando el inicio del diálogo con el Gobierno en Ecuador, donde las partes, después de varios aplazamientos, esperan sentarse a la mesa el próximo 10 de enero.