Según ellos,  el 2015 y el 2016 han sido los “años más críticos para el ejercicio de la libertad de expresión y en particular para el trabajo de la prensa en Ecuador”.

César Ricaurte, director de Fundamedios, quien acudió a Panamá, donde sesionó la CIDH, manifestó su preocupación sobre la aplicación de la Ley de Comunicación.

“También estamos preocupados  sobre la forma en que se ha conducido el concurso, supuestamente público, para la concesión de 1.472 frecuencias de radio y televisión, es decir, el 65 por ciento de todo el espectro radioeléctrico, lo cual significa el proceso más grande de este tipo”, expresó.

Por su parte, el Gobierno de Ecuador rechazó lo que considera una “actuación irregular” de la CIDH de convocar a las audiencias temáticas. 

“El Gobierno ecuatoriano expresa su profunda preocupación al constatar que la Comisión incumple reiteradamente el artículo 66 de su Reglamento, que establece que las audiencias de carácter general no amparan la posibilidad de conocer asuntos particulares”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, el Gobierno reiteró su “grave preocupación” por lo que considera una “utilización político partidaria” de las instancias regionales de derechos humanos por parte de organizaciones, entre las que mencionó a Fundamedios.