En el documento se incluyó el caso de Esperanza G. y el cobro de sueldos mientras cumplía prisión preventiva por supuesto cohecho. 

Ella fue detenida el 24 de mayo del 2015, luego de la sesión del Informe a la Nación en Quito. Ha estado detenida durante 14 meses.

Por ello, la Contraloría recomendó a la Asamblea emitir una resolución para estipular que, por faltas graves e injustificadas de los legisladores que no se encuentren establecidas en la ley Orgánica y sean consideradas imprevistas, se suspendan temporalmente los pagos de sus remuneraciones. Esto mientras actos administrativos y/o judiciales sean resueltos.

Este informe deberá ser presentado a la máxima autoridad de la Asamblea Nacional “para la toma de acciones correctivas y, según sea el caso, aplicarán las sanciones correspondientes”.