El Señor Contralor afirma: “Como consecuencia de las acciones de control señaladas se determinaron, aparte de indicios de responsabilidad penal que fueron oportunamente puestos en conocimiento del Ministerio Público, responsabilidades administrativas de varios dignatarios y funcionarios de la mencionada municipalidad, entre ellos del alcalde del cantón Chone, señor Diócles Eliécer Bravo Andrade, consiste en su destitución del cargo e imposición de multa, de conformidad con el Art. 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”. Luego el Sr. Contralor invoca en su comunicación el principio de legalidad, recogido en el Art. 119 de la Constitución, que dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencia y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la Ley”. Pero, Sr. Contralor, pongo de presente lo que manda imperativamente el Art. 212 de la Constitución: “La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal; y hará el seguimiento permanente y oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles” (hasta aquí lo que dice el Art. 212, primer inciso). Como ciudadano que cree en el estado social de derecho, debería realizar un seguimiento ante la Fiscalía y otros organismos para que sus disposiciones no sean letra muerta. Las normas constitucionales son un todo orgánico que deben aplicarse de manera coherente. El Art. 119 no puede dejar sin efecto el Art. 212 ya citado. Y tenga presente la norma del Art. 273 de la Carta Fundamental. La lenidad que por desgracia se practica en ciertos organismos está fomentando el despilfarro. Venga a Chone y vea como padece ese digno pueblo.