Ocurrió en todos los cantones afectados, donde locales de varios ministerios, escuelas, colegios y universidades; de la policía, de los bomberos, hospitales, municipalidades, se cayeron total o parcialmente, comprobándose que algunos no cuentan con seguro contra los daños.

En ese caso, quien afrontará con los gastos será el Estado, reponiendo lo destruido en razón a la necesidad de que la ciudadanía cuente con los servicios públicos afectados.

Sin embargo alguien tiene que responder por la inversión perdida, puesto que son millones de dólares que saldrán del erario nacional para cubrir una negligencia o inobservancia de quienes no cumplieron o no siguieron las disposiciones legales, de haberlas.

Para aquello, será la intervención de Contraloría la que mostrará el procedimiento a seguir, de encontrarse responsables de incumplimientos de normas establecidas, en este caso para contrataciones públicas.