La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) presentó ayer una querella contra el juez que la procesó por presuntas irregularidades en el Banco Central (BCRA) y la diputada que ha presentado contra ella diversas denuncias por supuesta corrupción.
Esta inconformidad fue presentada en los juzgados federales de Buenos Aires, donde la mandataria fue notificada sobre el procesamiento y embargo en la causa conocida como ‘Dólar Futuro’.
El pasado martes la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer expresó que pidió a la Justicia que investigue si los Kirchner realizaron “movimientos sospechosos en las cuentas bancarias y en diferentes cajas de seguridad no declaradas”, en las que habría “unos 5 millones de dólares”, con el fin de “ser sustraídos de los ojos de la Justicia”.
Fernández remarcó que “Stolbizer y su asesora” tienen una causa abierta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, el Fisco argentino) por “tráfico de información para efectivizar denuncias”. “Obtienen información y la tergiversan”, matizó, para aclarar que se está ante “un tráfico de información y connivencia” entre el juez, la denunciante y su asesora.
Decisión. El juez federal que investiga la causa dictó la inhibición general de bienes de Fernández.
Esta medida cautelar afecta a todos los bienes inmuebles y muebles registrables, lo que impide que pueda venderlos o hipotecarlos. Según informó la agencia estatal de noticias Télam con base en fuentes judiciales, el magistrado determinó esta medida al tiempo que Fernández acudió al tribunal federal.
El caso inició en 2015, tras una denuncia formulada por legisladores opositores.