El mes pasado, Patiño se vio envuelto en un escándalo tras difundirse fragmentos de la grabación de un vídeo en el que aparece conversando con asesores internacionales de la deuda y el ex ministro ecuatoriano de Economía, Armando Rodas. Aunque Patiño asegura que ordenó la grabación para tener pruebas de la forma irregular en que, a su criterio, se manejan asuntos relacionados con la deuda externa, la oposición al Gobierno sospecha que el ministro era parte de un engranaje para favorecer a determinados sectores en el pago de intereses de los bonos Global 2030. El caso es investigado por todos los organismos de control del Estado. Tras la difusión parcial de la conversación, atribuida a Quinto Pazmiño, ex asesor de Patiño, el ministro hizo pública gran parte de la conversación en la que, según dijo, los asesores internacionales proponían que asuste al mercado con anuncios que luego no se concretarían. El escándalo se ha desatado no sólo por el contenido de la grabación sino por la forma en que ésta se obtuvo pues se realizó de forma clandestina sobre la reunión que tuvo lugar en un hotel. "Si es que aplicamos la Ley, todos los canales de televisión y todos los periodistas que graban los programas en la calle, deberían ir presos", dijo hoy Larrea al anotar que también los medios de comunicación echan mano de ese recurso para su trabajo. Según Larrea, incurren en esa situación "la mayoría de programas, no sólo los de investigación periodística, que de hecho hace filmaciones sin autorización de los filmados, sino incluso los normales, de cualquier noticiero porque no están pidiendo a los ciudadanos permiso". El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también ha defendido la legalidad de la grabación ordenada por Patiño al asegurar, además, que el ministro, que aparece en el vídeo, autorizó a que se lo filmara. Para validar su punto, Larrea ratificó hoy en la televisión Gamavisión que sin este mecanismo, "el periodismo de investigación no podría realizarse". Además, dijo, la Ley establece "que delito es difundir no filmar y quien los difunde es Quinto Pazmiño no Ricardo Patiño", puntualizó. "En el caso de Patiño, graba porque creía que a través de esas grabaciones podría documentar cómo se realizan las transacciones en la negociación de la deuda externa. Es un método legítimo, la Ley no prohíbe, la ley lo que prohíbe es difundir", reiteró. En ese sentido, añadió, "si la práctica de investigación prohibiera la filmación, tendríamos graves problemas de investigación". Pazmiño, a quien se atribuye haber entregado a una televisión local los fragmentos del vídeo, había sido despedido del cargo poco antes de que saltase el escándalo y tras la difusión del vídeo ha sido el foco de duras críticas de Patiño y de Correa. Por ello, Pazmiño presentó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el jefe de Estado y otra contra el ministro de Economía por injurias calumniosas, en las que, en conjunto, pide veinte millones de dólares de indemnizaciones.