La aprobación deberá darse antes del 22 de mayo. 

El proyecto busca la recons­trucción de infraestructura pública y privada y también la reactivación productiva de las localidades afectadas por el sismo, de magnitud 7,8 en la escala de Richter y que dejó 660 muertos, 23 desaparecidos y 22.754 per­sonas albergadas, según los más recientes datos oficiales. 

La ley establece el aumento por un año del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 14 % y la aportación por parte de los trabajadores que ganen más de mil dólares al mes de un día de su sueldo. 

La contribución se repetirá durante un día más en los meses siguientes por cada mil dólares adicionales y se aplicará hasta los salarios superiores a 20.000 dólares, cuyos perceptores “aporta­rán con ocho días de sueldo en ocho meses”, según un comunicado de la Asamblea. 

También se establecen me­didas como el pago de un 3 % sobre las utilidades de empresas y de las personas naturales cuya base imponi­ble en el ejercicio fiscal 2015 superó los 12.000 dólares. 

Una contribución del 1,8% sobre la valoración catas­tral del año 2016 para bie­nes inmuebles de personas jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales y otra del 0,90% para personas natu­rales con patrimonio a partir del millón de dólares figuran también en el proyecto, que fija exoneraciones para las provincias afectadas por el desastre. 

PROPUESTAS. La remisión de capital e intereses por un monto de hasta 15 mil dóla­res de deudas con el BNF y CFN y la concesión obli­gatoria de nuevos créditos, según la capacidad de pago; que el Ministerio de Agricul­tura presente un plan inte­gral para la recuperación de los campesinos, artesanos y pescadores; que se contem­ple incentivos para esos sec­tores; que se contrate mano de obra, bienes y servicios locales; y que se exonere del IR a las nuevas inversiones productivas, fueron algu­nas de las propuestas que se plantearon, informó la Asamblea. 

También se propuso que se cree una zona especial de desarrollo económico para los cantones Manta, Monte­cristi, Jaramijó y Portoviejo y que se extiendan los bene­ficios de la ley a toda Esme­raldas o a otros cantones de esta provincia. Así mismo, que el fondo de recaudación sea fiscalizado por la ciuda­danía y que esté integrado por otros sectores de la so­ciedad civil. 

Pavel Chica, del movimiento CREO, dijo que se debe crear un inventario detallado con los bienes públicos y priva­dos afectados por el terre­moto, transparentar cifras de las afectaciones y que los recursos sean bien maneja­dos. 

Ramiro Aguilar sostuvo que el aumento del IVA no im­plicará necesariamente una mayor recaudación. 

Otra moción que se escuchó en reiteradas ocasiones es que se debería dar el mismo tratamiento que a Manabí y a Muisne, a toda la provincia de Esmeraldas, pues según Alexandra Ocles, esta debe ser una oportunidad para el desarrollo. 

La asambleísta Cynthia Vite­ri aseguró que el camino no es el alza en el IVA. Propuso como alternativas la renego­ciación de la deuda externa, obtener líneas de crédito y la venta de activos del Estado, como los medios de comuni­cación incautados.