Edwin Romero, abogado defensor de dos de los cuatro procesados que dieron su testimonio por anticipado, indicó que ya se cerró la etapa de instrucción fiscal, que demoró 120 días, y que lo que ahora viene es la definición de la justicia.

Romero confirmó que debido a la información que posee uno de sus clientes, él recibió amenazas y se determinaron medidas de seguridad para proteger su integridad, según publicó diario El Universo.

Un teniente que asistió a declarar indicó que por cada entrega de pase, la red (integrada por oficiales y policías de tropa) cobraba $ 1.000. Según la versión del exagente, el teniente y un comandante general de la época disponían de los pases y del dinero que se recaudaba. 

“Se dieron unas cifras de lo recabado, pero hay que tener en cuenta que los destinatarios finales eran un señor general superior y un oficial que daba las disposiciones para que se ejecuten los pases”, apuntó Romero.