El proceso puede llevar al fin del mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
La comisión, integrada por 21 senadores, escuchó al fiscal del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, quien el año pasado detectó las irregularidades fiscales que le han dado pie a la oposición para iniciar el proceso, y a otros dos expertos en asuntos de derecho financiero y gestión pública.
La comisión escuchará hoy a tres testigos presentados por la defensa y prolongará sus debates hasta el viernes, cuando decidirá si la causa será archivada o remitida al pleno del Senado, que en ese último caso decidirá la semana próxima si instaura el juicio, con lo que Rousseff sería separada del cargo durante 180 días.
De Oliveira fue enfático al asegurar que esas maniobras tuvieron un enorme impacto en las finanzas y en la credibilidad del Estado y afirmó que representaron “un daño equivalente al que causa la corrupción”.
Tal vez por su contundencia, De Oliveira casi no fue incordiado por el oficialismo.