El abogado general reiteró las críticas al proceso que ya había formulado ante la Cámara de Diputados, que las descartó por completo y por una amplia mayoría decidió remitir la causa al Senado.

Según Cardozo, hay una “nulidad de origen” que comienza en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por “venganza” al aceptar las denuncias.

Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso al trámite cuando el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), apoyó la apertura de un juicio en su contra, sostuvo Cardozo, quien atribuyó a eso la conducta del jefe de los Diputados.

“Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio” y lo convierte en un “golpe”, dijo Cardozo, pese a que el trámite para un posible juicio político está en su fase final.

La comisión del Senado, que analiza ahora el caso, tiene previsto elaborar un informe que será votado el próximo 6 de mayo.

Si el informe recomienda la apertura del juicio político y es aprobado por más de la mitad de los 21 miembros de la comisión, la palabra pasará al pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto. En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo 180 días.