Los reclamos se centraron en lo económico y laboral y a ellas se sumaron, además de sindicatos y organizaciones indígenas, estudiantes, jubilados y militares en servicio pasivo con diferentes exigencias y otros sectores de la sociedad.

Sin embargo, a diferencia de protestas anteriores, esta vez el oficialismo no respondió con sus acostumbradas concentraciones de simpatizantes ante el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia, atendiendo un mensaje del presidente del país, Rafael Correa.

El gobernante expresó la conveniencia de no salir a las calles ante la situación de duelo nacional que vive el país por la muerte de 22 militares en un accidente aéreo ocurrido el martes en la provincia de Pastaza.

Ley. La protesta coincidió con la aprobación, ayer, de la Ley de Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, criticada por sindicatos opositores, que advierten de precarización del empleo con la entrada en vigor de esta norma.

Pablo Serrano, integrante del Frente Unitario de Trabajadores, rechazó la aprobación de la ley.

“No puede ser posible que los alza manos hayan aprobado esa ley que no favorece a los trabajadores”, indicó.

Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, también estuvo en las marchas y expresó su criterio por la ley.

“Es una tomadura de pelo. Suena interesante el seguro de desempleo, pero el Gobierno no debió hacerlo con la plata del pueblo”, dijo Acosta.

Ciudades. En Portoviejo, la jornada de manifestaciones inició desde las 16h30 en el parque Eloy Alfaro y terminó sin incidentes cerca de la Gobernación de Manabí, que permaneció con resguardo policial.

La Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino también se unió a la manifestación. Ellos protestaron, entre otras cosas, por la autonomía del IESS, según dijo Antonio Perea, coordinador de la federación.

En Guayaquil, Juan Vareles, vicepresidente de la Cedocut (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas)  anunció que se presentará una demanda inconstitucional contra las recientes reformas laborales aprobadas.

Según informó diario El Universo, en Saraguro también hubo concentraciones previo a una marcha.

El rotativo indica que alrededor de 300 personas con carteles a favor de la resistencia indígena y la imagen de varios detenidos el pasado 17 de agosto se concentraron para pedir un alto a la persecución a varios líderes de gremios clasistas.

Asamblea. Ayer la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo.

Los cambios de última hora que se agregaron al proyecto están en el seguro de desempleo.

En la ley se incorpora una transitoria para que los ciudadanos que se quedaron sin empleo desde inicios del 2016 hasta antes de la vigencia de la ley puedan hacer uso del seguro de desempleo que sólo para ellos será financiado por el Estado, según el proyecto.

En lo posterior, esa nueva prestación se solventará con el aporte del 1 % del empleador.

De esta manera, quienes queden desempleados después de la vigencia de la ley tienen dos alternativas: retirar el fondo de cesantía acumulado o acogerse al seguro de desempleo. Si el afiliado escoge la segunda opción lo podrá hacer por cinco meses y sus mensualidades se las pagarán a partir del día 91 de haberse quedado sin el trabajo. En esa opción recibirá de manera fija el 70 % del salario básico unificado, es decir, 256 dólares.

El asambleísta independiente Ramiro Aguilar rechazó la aprobación de la ley.

“Le quieren buscar la quinta pata al gato y de aquí no va a salir nada bueno”, expresó durante el debate.

Licencia. En el caso de la licencia materna y paterna, la ley establece que después de los tres meses de la licencia que recibe la madre y 15 días el padre con sueldo, pueden prolongarse por hasta nueve meses más, pero sin remuneración y de manera voluntaria. Durante ese tiempo podrán solicitar su cesantía, que la recibirán después de dos meses de haberla pedido, conforme lo establece la Ley de Seguridad Social vigente.

Si los padres se acogen a los nueve meses sin remuneración y la empresa los despide durante este tiempo, la ley establece que se considere como despido ineficaz.

Para la jornada reducida se establece que será una excepción y no una generalidad, es decir, eventual hasta que le permita al empleador recuperarse de un período de crisis, indica el proyecto. 

En cuanto a la jornada prolongada la ley plantea condiciones, que no podrán laborar bajo esta figura más de 10 horas diarias, ni pasar las 40 horas semanales y que haya el consentimiento por escrito de las partes.

La ley incluyó la propuesta de empleo juvenil. En el segundo debate se incrementó el rango de edad de 18 a 26 años y no solo hasta 24.

Y en el tema de las pasantías los estudiantes además de recurrir al sector privado también lo pueden hacer en instituciones y fundaciones.