Actualmente están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de "peculado por apropiación", "celebración indebida de contratos" y "contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales".

En total, los dos contratos alcanzan la suma de 2.461 millones de pesos (unos 762.000 dólares) y el informe preliminar señala un detrimento patrimonial de 600 millones de pesos (unos 185.000 dólares).

Los capturados habrían cometido irregularidades en la ejecución de las dos convenciones, celebradas entre el ICBF y la Unión Temporal Unidos por la Niñez, para promover el desarrollo integral de la primera infancia en los municipios de Tubará y Ponedera, agregó la información.

En este sentido, el vicefiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, explicó que entre los hallazgos más relevantes se encuentran "sobrecostos en los refrigerios y mercados".

Asimismo, hallaron "pagos de cánones de arrendamiento que no hacían parte del objeto del contrato, destinación de recursos para fines diferentes a los contratados, así como irregularidades en el proceso de selección del contratista, por cuanto este no reúne ni las capacidades técnicas ni financieras para ejecutar el contrato". EFE