Jorge Chiriboga, abogado de siete de los ocho acusados, manifestó que el 10 de diciembre el juez de Garantías Penales, Javier Rivera, mediante audiencia declaró el sobreseimiento de 28 personas que fueron inculpadas en el supuesto delito, entre ellos 20 biólogos del Viceministerio de Pesca y los ocho comerciantes, al no existir suficientes pruebas de culpabilidad, agregó.  

El abogado señaló que nunca se confirmó de manera oficial la existencia de las 100 mil aletas encontradas en las plantas secadoras que fueron incautadas, a pesar de que se realizaron dos peritajes o conteos.

Instalaciones. Junto al sobreseimiento se devolvió a los comerciantes las seis plantas con la materia prima que tuvieron incautadas durante siete meses.    

Roberth Vera, quien fue uno de los acusados, manifestó que ahora trabaja en el mantenimiento de su fábrica y sobre todo trata de recuperar las aletas de tiburones afectadas por el tiempo que estuvieron sin ningún tratamiento. 

Agregó que este producto retenido ha perdido calidad y precio, por eso intentan mejorarlo para que las pérdidas sean mínimas.

Ángel López, quien no fue detenido, pero sí se emitió una orden de captura en su contra, dijo que hubo ligereza en la actuación de este hecho, sobre todo porque se pretendió desconocer pruebas elementales como son las guías de movilización que emite el Viceministerio de Pesca. 

La ley prohíbe desde el 2007 la pesca intencional de tiburón, pero no castiga la caza incidental. Sin embargo, sanciona el llamado ‘aleteo’, una práctica que consiste en pescar el animal, cercenarle las aletas para venderlas y regresarlo al mar.