El documento de AI, presentado hoy en Londres, denuncia, además, la excesiva utilización de la fuerza contra los manifestantes por parte de la policía y el ejército, las duras condiciones penitenciarias y la violación de los derechos de las minorías. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria observó, en febrero de 2006, que en las comisarías de policía "era algo habitual la aplicación de torturas y malos tratos" para "obtener confesiones o castigar a presuntos delincuentes", según el documento elaborado con datos de 2006. Explica, asimismo, que "se siguieron recibiendo informes de incursiones" de grupos armados y del Ejército colombiano en territorio fronterizo de la provincia de Sucumbios (norte), donde en 2006 se contabilizaron 100 homicidios. Entre las víctimas, según AI, "figuraban civiles de ambos sexos y menores", a quienes "se les acusaba de ser presuntos delincuentes" y algunos cuerpos presentaban signos de tortura. Según algunos testigos, en algunos de los homicidios participaron miembros de la policía y del ejército, y los familiares no denunciaron por miedo a las represalias. La delegación que visitó Ecuador en octubre de 2006 observó que, a pesar de que en la legislación de 1994 se recoge el derecho a la asistencia sanitaria gratuita en las áreas materno infantiles, "la mortalidad infantil y materna" registraba aún índices elevados. La promulgación de la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia y la mejor formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir esa legislación contribuyeron a que en 2006 aumentaran las denuncias por "violencia doméstica", según AI. Pero como consecuencia de la inestabilidad política vivida en Ecuador durante 2006 "se decretó el estado de emergencia" en varias provincias durante períodos de "como mínimo 60 días". Durante esos períodos, "se suspendió la libertad de expresión, circulación y asociación" y se autorizó el registro de domicilios "sin orden judicial". Además el Tribunal Constitucional confirmó la inconstitucionalidad de un artículo del Código de Procedimiento Penal que niega la libertad condicional a los presos en espera de sentencia. Según informes, "hay entre 5.000 y 7.000 presos en espera de sentencia" de una población de 14.000 presos. Asimismo, la organización internacional dice que se "siguió amenazando e intimidando" a defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios y ecologistas que formulaban críticas contra las políticas gubernamentales y las empresas que explotan los recursos naturales.