Esto porque, según ellos, vulneran la libertad de expresión y asociación en el país, entre ellas un decreto que establece “restricciones inaceptables” de ambos derechos.
De manera directa reclamaron que se detenga el procedimiento de disolución de Fundamedios, a la que calificaron de “destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y de medios”.
La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) inició un proceso de disolución en contra de la organización tras acusarla de actividad política, en violación de sus propios estatutos.
Concretar el cierre de Fundamedios supondría una “violación de los estándares internacionales de derechos humanos”, opinaron los relatores sobre la libertad de reunión y asociación, Marina Kiai; sobre libertad de expresión y opinión, David Kaye; y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michael Forst.
Se unieron a esta declaración los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Orozco Henríquez y Edison Lanza.
Según estos especialistas en derechos humanos, es “la acción del Gobierno la que tiene tintes políticos más fuertes”.
El director de Proyectos de Fundamedios, Mauricio Alarcón, dijo que el pronunciamiento es histórico.
“Es la primera vez desde que existen estos organismos internacionales que se hace un pronunciamiento de este tipo”, resaltó.
La Secom dijo que se pronunciaría sobre esto cuando pase el plazo que tenía Fundamedios para presentar pruebas de descargo.