Si consideran que no hay peritos ecuatorianos honestos o capacitados, o si se quiere dar una imagen de imparcialidad trayendo extranjeros, la llegada de los venezolanos es por lo menos cuestionable, ya que vienen de un país en donde la independencia entre los poderes Judicial y Ejecutivo está en duda, y en donde este último poder es de la misma raíz política que el Gobierno local.

En América del Sur hay otros países a los que pudo acudir la Fiscalía en busca de ayuda, con reconocidas independencias judiciales y con altas capacidades técnicas. 

Ecuador necesita que las investigaciones del 30-S continúen hasta que haya un informe fiscal de calidad y credibilidad. Ese día la democracia estuvo amenazada y quizás hasta suspendida, y los responsables deben ser procesados, así sean ciudadanos, miembros de la fuerza pública, de la oposición o del mismo Gobierno. El informe firmado por los peritos venezolanos generará comprensibles dudas. Conviene que la Fiscalía pida una segunda opinión.