La mujer fue puesta bajo prisión preventiva al considerar la Justicia que puede influir en el desarrollo de la investigación.

La abogada de la mujer, Elizabeth Torales, dijo que la carta representa "el grito desesperado de una madre en busca de su libertad".

Torales acusó a la Justicia paraguaya de "ensañarse" con su defendida al presentarla ante la sociedad "como una persona que descuidó a su hija" y dijo que no entiende la razón por la cual el Ministerio Público la mantiene privada de libertad, argumentando que la misma podría "entorpecer la investigación".

Organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron la intervención del Estado para proteger la vida de la menor desde que el caso salió a la luz, cuando la niña tenía 21 semanas de embarazo y fue llevada por su madre al hospital.

La CIDH instó entonces a Paraguay a protegerla, pues su embarazo de alrededor de siete meses y de alto riesgo por su corta edad podría vulnerar su derecho a la vida y a su integridad personal, física y psicológica.

La comisión, con sede en Washington, puso de relieve un informe de una junta médica que la menor mide 1,39 metros, pesa 34 kilos y padece de desnutrición y anemia, por lo que tiene cuatro veces más posibilidades de morir por el embarazo que una mujer adulta.

Pero el Gobierno de Paraguay rechazó imponer medidas cautelares a la niña porque considera que "ya han sido adoptadas todas las medidas" y aludió además al artículo cuarto de la Constitución paraguaya, que garantiza "la protección de la vida desde el momento de la concepción".

El Parlamento Europeo reclamó también al Gobierno de Paraguay que asegure que todas las mujeres y especialmente las niñas, cuyo embarazo puede poner en riesgo su salud, tengan acceso al aborto legal y seguro.

En Paraguay en 2014 dieron a luz bebés vivos un total de 684 niñas de 10 a 14 años, cuyos embarazos a esa edad se consideran fruto de abusos sexuales y no de relaciones consentidas, según cifras oficiales.

El aborto y su tentativa se encuentran penalizados, con una pena de hasta cinco años y sólo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay un riesgo de vida para la madre, en virtud del artículo 109 del Código Penal.

Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Salud Pública, en 2009 un total de 8.660 mujeres estuvieron hospitalizadas por un aborto. EFE