Esto ha pasado en dos universidades manabitas, la Unesum y la ULEAM, sobre la primera, me referí en una columna anterior en este mismo espacio. El artículo tituló “Lección de la Unesum”. En la que luego de la intervención, no había una voz oficial que anunciara el estado de la universidad, pues no se sabía, en ese entonces, si la voz oficial era el departamento de Comunicación o la Comisión Interventora, porque ambos guardaron silencio por varias semanas.

La Laica Eloy Alfaro no aprendió la lección. Esto pasa por una sencilla razón: la palabra “intervención” asusta (lo mismo pasa cuando se escucha “CES” o “Senescyt), por tanto, se genera un miedo con los “interventores”, que pasan a ser una especie figuras de terror que crean un ambiente tenso y denso, de incertidumbre y pánico, porque nadie quiere que salga a luz lo que la misma luz oculta, o bien, los mismos universitarios desconfían de sus capacidades y buenos oficios y que sí se trabaja enmarcados en la ley.

 Cuando los académicos escuchamos “CES” se nos paran los pelos de punta, porque incluso el que nada debe, teme, los que deben, huyen, y los que no huyen, tal vez se queden para negociar, no lo sé. (El diablillo de la derecha me sopla esas cosas). Entendamos que la Senescyt y el CES buscan calidad en las instituciones de educación superior y el normal funcionamiento de ellas. No hay porqué asustarse. (Esto me lo dice el diablillo de la izquierda).

El CES, acogiéndose al artículo 195 de la Ley Orgánica de Educación Superior, intervino por 90 días a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, porque “la situación actual violenta el normal funcionamiento institucional”.

La Comisión Interventora, se supone, designaría a autoridades encargadas mientras dure la intervención, digo “se supone” porque los decanos y decanas también son autoridades cuya designación la realizó el exrector y hay decanos y decanas que se mantienen en sus cargos. Es decir, en un porcentaje “la situación actual violenta el normal funcionamiento institucional”.

Quienes hacen funcionar la cosa pública somos los funcionarios públicos, por lo tanto, si quieren cambiar las cosas, cambien a los funcionarios; si se quiere que las cosas funcionen igual, que sigan funcionando los mismos funcionarios; si pese a todo, después de la intervención, siguen los mismos funcionarios, la intervención no sirve.

Si esto pasa, esta intervención deja otras lecciones. Que de nada sirve la intervención si el “normal funcionamiento” se mantiene en algunas facultades. Que la autoridad, o sea, la rectora encargada desea mantener el “normal funcionamiento” o es solamente una figura. Que a la Comisión  Interventora le da lo mismo el “normal funcionamiento”.  Si esto pasa ¿quién interviene a los interventores?