Jorge Glas reveló que él denunció el caso la semana pasada en la Fiscalía, lo que llevó también a la detención de un militante de AP identificado como M.S. en Esmeraldas y de W.D.T., arrestado en Ibarra.

El funcionario proporcionó los nombres y exhibió un vídeo en el cual la legisladora de gobierno supuestamente “confiesa” que recibió el dinero de otro de los investigados por este hecho. 

“Presumimos que M.E.G. (asambleísta de AP) pidió $800.000 a M.S. (exgerente de la empresa de agua potable de Esmeraldas), quien le entregó el dinero a W.D.T., quien fue el intermediario”, dijo el segundo mandatario. Además se indicó que supuestamente la legisladora se tomó el nombre de Glas para “presionar”  la empresa. 

Ayer en la tarde la jueza nacional Silvia Sánchez ordenó la prisión preventiva para la asambleísta de Alianza País.

Las otras dos personas involucradas en el caso también tienen prisión preventiva de 90 días, mientras dure la investigación

El fiscal general Galo Chiriboga, impulsó el procesó de los tres sospechosos por cohecho, un delito que el Código Penal castiga con penas de uno a 7 años de prisión. 

VERSIÓN. Doris Soliz, ministra y secretaria ejecutiva de AP, indicó que la detención de M.E.G. es una muestra de que el Gobierno no tolerará la corrupción. 

Por otra, parte ayer en la tarde la Comisión de Ética de Alianza PAIS expulsó a la asambleísta.

Cristina Reyes, asambleísta opositora, indicó que la detención de la legisladora es un caso que necesita ser investigado a fondo. 

Si es culpable, en buena hora su detención y que se haga justicia, sin embargo hay muchas otras denuncias de  corrupción que no son investigadas, explicó.

Reyes agregó que la detención “no siguió el debido proceso, ya que la inmunidad parlamentaria sólo se la pierde en caso de un delito flagrante, el cual no se dio en esta ocasión”. 

Opinión similar tuvo el asambleísta independiente Ramiro Aguilar, quien señaló que “sólo la Asamblea Nacional tiene el poder de valorar los hechos y levantar la inmunidad parlamentaria”.

“Es indigno que el gobierno nos quiera hacer pensar que toda la corrupción del país se concentra en una legisladora desconocida, cuando en la Contraloría hay decenas de denuncias de corrupción estancadas”, dijo Aguilar. 

El jurista Ramiro García también cree que sin autorización de la Asamblea Nacional no pueden procesar penalmente a una asambleísta. Si lo hacen, apuntan a una nulidad procesal a futuro, dijo. 

Para él la flagrancia es la detención al momento de cometer el delito o inmediatamente después. Por eso cree que M.E.G debió cometer el delito durante la lectura del informe para que se aplique esa figura.

Además consideró que usan el caso de la Asambleísta para que no discutamos los nuevos impuestos.