Pérez Guadalupe afirmó a medios locales que el coronel y los comandantes asignados a la zona ya fueron relevados tras comprobarse que los abusos fueron cometidos por un grupo de 280 agentes de la División de Operaciones Especiales (Dinoes), que llegaron hace cuatro días a la zona, en la provincia de Islay, ubicada en la región de Arequipa.

El ministro explicó a Radio Programas del Perú (RPP) que las conclusiones preliminares apuntan a que el fallecimiento del campesino en el enfrentamiento acontecido el miércoles fue causado presuntamente por una bala disparada por la Policía.

"Todo parece indicar que, efectivamente, se trata de un proyectil de arma de fuego que habría venido de la Policía. Por eso relevamos ayer revelamos al comandante y a los jefes operativos de la zona", explicó Pérez Guadalupe.

El ministro consideró que la decisión fue acertada después de que los medios locales difundieran hoy un vídeo del mismo enfrentamiento, en el que se aprecia cómo un policía coloca un supuesto objeto afilado en las manos de uno de los campesinos mientras era detenido por otros agentes.

"Lo que hemos visto es realmente indignante. Es evidente que ha habido la 'siembra' de una prueba (...). No tiene ningún sentido ese acto, y con un fotógrafo al costado. Es censurable", lamentó Pérez Guadalupe.

El titular de la cartera de Interior informó al Canal N que "ya está identificado" el agente que realizó "esa deplorable acción".

Pérez Guadalupe aseguró que "tanto el campesino fallecido como esas acciones proceden del mismo grupo" de policías la Dinoes, por lo que pidió al general Romero Fernández una evaluación de los últimos casos de fallecidos en protestas sociales para hallar un patrón.

"Vemos un problema estructural que ya se vio en casos como el de Pichanaki", dijo el ministro, en referencia a otra reciente protesta social en la selva central de Perú contra la exploración gasífera, que también se saldó con un muerto, cuando la Policía tenía la prohibición de usar armas letales, al igual que en Islay.

Los campesinos del Valle del Tambo mantienen desde hace más de un mes un paro indefinido para solicitar la suspensión del proyecto Tía María, al considerar que la explotación minera perjudicará la actividad agrícola de la zona, por lo que el Gobierno peruano mantiene un millar de policías en la zona.

La minera Southern Copper, filial del Grupo México, anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto, horas después de que su portavoz oficial en Perú anunciara su cancelación por lo que definió como "terrorismo antiminero".

Southern contempla la inversión de unos 1.200 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones. EFE