La normativa entrará en vigencia apenas se cumpla su publicación en el Registro Oficial, prevista para este lunes.

Esta ley elimina el 40 % del aporte estatal para las pensiones jubilares, establece la afiliación de 1’500.000 amas de casa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); las utilidades que corresponden a los trabajadores no podrán exceder los 24 Salarios Básicos Unificados ($ 8.496), entre otros puntos.

JUBILADOS. Antes de que se conociera sobre la sanción favorable de la ley, representantes de la Federación Provincial de Jubilados de Pichincha llegaron al Palacio de Carondelet para entregar una carta en la que expresan sus inquietudes al presidente Correa sobre la Ley de Justicia Laboral.

En el documento se expuso la inquietud generalizada de la clase jubilada que se centra especialmente en el incremento de pensiones que se llevarán a cabo el próximo año 2016,  y, según el Gobierno, se lo hará de acuerdo con los índices de inflación.

CREO. En tanto, la asambleísta nacional por el movimiento Creando Oportunidades (CREO), Mae Montaño, dijo que su bloque presentará ante la Corte Constitucional (CC) una acción de inconstitucionalidad por la recién aprobada Ley de Justicia Laboral, la que considera que “tiene más injusticia que justicia”. 

A criterio de la asambleísta, no existe el interés de mejorar las condiciones de la Seguridad Social, ni el tema de fondos de pensiones de los jubilados. 

“Hay un interés económico profundo de un Gobierno que siente ya una crisis fiscal, una falta de recursos y eso hace que ahora los fondos previsionales vengan acá, las utilidades de los trabajadores también, ahora el IESS”, agregó.

DEMOCRACIA SÍ. El colectivo ‘Democracia Sí’,  del que forman parte exfuncionarios del actual Gobierno, señalaron estar inconformes con la ley y que tomarán medidas judiciales. 

“El segundo camino, si es que él no veta el proyecto, serán las acciones legales y las movilizaciones sociales correspondientes. Si él no veta el proyecto, y pone el ejecútese al proyecto habría que pensar en la revocatoria del mandato, no de los asambleístas, sino del presidente Correa”, dijo Marcelo Larrea, líder del movimiento.