Agitadamente corría la noticia: “La Destitución de los Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo”. El martes 16 de diciembre, las 09h40, tuvimos acceso a la página web de la Corte Constitucional, en donde se confirmaba el rumor. Efectivo: el titular es éste; “Pleno de la Corte Constitucional destituye a jueces del Tribunal Contencioso Administrativo No. 4 de Portoviejo”.  El miércoles 17 de diciembre, El Diario, en la página 14A, publicaba: “Manabí Corte los destituyó: jueces piden reconsiderar la sanción”. Manabitas de buena fe creían que era “otro ataque” a los intereses de la provincia. No conocían lo que pasaba al interior del Contencioso Administrativo y de cómo se está “manejando la justicia en el Ecuador”. “Que la sanción de destitución no guarda la debida proporcionalidad con la falta cometida,… que si hubo error, fue de buena fe”, decían los sancionados. La Corte Constitucional sustenta la resolución de destitución en el concepto de que la actuación de los jueces desconoce las competencias y responsabilidades que adquieren los jueces ordinarios que al conocer y resolver garantías jurisdiccionales en la administración de justicia Constitucional, asumen el rol de jueces constitucionales, de conformidad con criterios jurisprudenciales sentado por la Corte Constitucional. Por lo visto, se trata de un caso de “ignorancia jurídica, y no solamente de simple error”.