Así, un informe de la Cadena RCN, del país norteño, confirmó el arribo de éstos, quienes en la tarde habían tramitado su asilo ante el vicecanciller colombiano, Camilo Reyes, por considerarse perseguidos. Esto junto a la decisión tomada ayer por el Congreso de terminar el período de funciones de los nueve vocales del Tribunal Constitucional (TC)), un día después de que éste restituyera a 50 de los 57 diputados separados de sus cargos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), agrava el embrollo legal y el conflicto político que mantiene en vilo al país. Y fue la fiscal de delitos misceláneos de Pichincha, Elsa Moreno, quien solicitó a la juez décimo octava de lo Penal de esa provincia, que ordene prisión para 24 diputados destituidos, por sedición y atentar contra la seguridad del Estado, luego de la denuncia de Miguel Castro, legislador suplente que fue principalizado y elegido vicepresidente del Congreso. No obstante, mientras la juez analiza el pedido de la fiscal, el presidente Rafael Correa sugirió retirar la demanda, por la paz de Ecuador, que ayer tuvo una tensa jornada a raiz de la remoción del TC, que fue aprobada por 52 diputados, en sesión liderada por Castro tras la ausencia del titular, Jorge Cevallos, quien estaba en Argentina. Al conocer la destitución del TC, su vocal, Juan Montalvo, la consideró “inconstitucional” y que “no merece ser acatada”. Mientras, en el hotel Savoy Inn, de Quito, los legisladores restituidos celebraban una sesión paralela. Según la diputada de la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, la aplicación de la decisión del Legislativo es inmediata y el fallo “debe ser publicado en el Registro Oficial, y eso hasta el momento no se ha realizado, con lo cual queda en el limbo, y será el próximo TC quien decida definitivamente” el caso de los destituidos, afirmó. Por su parte, el secretario del TC, Juan Carlos Calvache, ayer pugnó por ingresar al Congreso para entregar la notificación de lo resuelto, pero fue impedido por policías que custodiaban el Legislativo, quienes manifestaron que tienen órdenes de no dejar pasar a los diputados destituidos ni a nadie ajeno a la institución, sea el caso de este funcionario. Le atribuyen deuda a manabitas Luis Fernández, Guadalupe Marcillo y Fernando Jalil a menos de un mes de trabajo, en enero pasado, y antes de ser destituidos, pidieron un adelanto a sus sueldos con un tope de 10 mil dólares cada uno. A estos se suman Édison Chávez, Luis Tapia, Antonio Noboa, Mauricio Ponce, Alfredo Serrano, Fernando Aguirre, Ricardo Borja, Teófilo Moscol, Ximena Núñez, Celio Obaco, Fernando Romo, Alfredo Bautista, Shirlley Borja, Marco Granizo, Eduardo Montaño y Hugo Romero, según informe de Teleamazonas. Sin embargo, dado su condición de destituidos, no se podrá cobrar dichos rubros, puesto que esto se lo tenía previsto hacer a través de descuentos en sus sueldos mensuales. De acuerdo al presidente del Congreso, Jorge Cevallos, “esto ha sido costumbre en todos los períodos, que tienen los diputados un máximo de 10 mil dólares para prestarles y descontarles”. Cevallos agregó que estos créditos tienen una garantía en letra de cambio de otro diputado, pero en algunos casos, tanto deudor como garante han sido destituidos. La Contraloría advirtió que el Consejo Administrativo de la Legislatura está en la obligación de cobrar dichos rubros, dijo su titular, Carlos Pólit, “y si no lo hacen, cuando (se) audite esas cuentas, (se) determinará responsables”. TSE presentará demanda contra el TC Tras calificar de írrita y un mamotreto a la decisión del TC, el presidente del TSE, Jorge Acosta, indicó ayer que pondrá hoy una demanda penal contra todo el pleno del organismo constitucional, “por prevaricato”. “No se olviden que el señor Presidente del Tribunal Constitucional hizo declaraciones alusivas a este entorno con anterioridad”, dijo. Sin embargo, el diputado Gustavo Terán, a nombre del Movimiento Popular Democrático (MPD), se adelantó y presentó ante el Ministerio Fiscal una denuncia en contra de los seis vocales del Tribunal Constitucional, que resolvieron a favor de los 50 diputados destituidos. El MPD acusó a los vocales: Santiago Velásquez (presidente), Jorge Alvear, Juan Montalvo Malo y Carlos Soria, así también a los alternos Manuel Jalil (Jacinto Loayza) y Jaime Donoso (Enrique Tamariz), de haber incurrido en prevaricato para emitir su resolución, el mismo que se encuentra tipificado en el artículo 277 del Código Penal. Por su parte, el máximo dirigente del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Jimmy Jairala, manifestó que el fallo del TC se ajusta únicamente a la resolución adoptada por el TSE el 7 de marzo; no obstante, aún está vigente la resolución del 28, fecha en la que el máximo organismo electoral ratificó la destitución de los diputados. IMPEDIDOS Los restituidos aún no pueden recuperar sus curules. Pascual Del Cioppo amenazó con plantear un juicio penal en contra de quienes impidan su acceso al Congreso. DESCARTADOS Fernando Jalil, Fernando Alarcón, Nelly Macías, Ricardo Borja, Lucía Burneo, Hugo Romero y Carlos Larreátegui, porque no registraron firmas en amparo. lista demandados PRIAN Gloria Gallardo Silka Sánchez Alfredo Bautista Shyrley Borja Oswaldo Flores César Maya Jorge Mejía Marielisa Márquez Mauricio Ponce PSC Alfonso Harb Alfredo Serrano Luis Fernando Torres Nathalie Viteri Antonio Álvarez Lucía Burneo Dimitri Durán PSP Fausto Cobo Édison Chávez Fernando Aguirre Edgar Espín Eduardo Iturralde Germán Obaco Fernando Romo Luis Tapia