Markin aseguró que "el genocidio de la población rusohablante" ha sido perpetrado por "individuos no identificados de entre los altos cargos políticos y militares de Ucrania, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Sector de Derechas", una organización ultranacionalista, cuyos voluntarios participaron en los combates.

Como resultado, desde el pasado 12 de abril y en violación de la Convención de 1948 sobre Genocidio y otras leyes internacionales, habrían muerto no menos de 2.500 personas en Donetsk y Lugansk, añadió, citado por las agencias locales.

Para "el asesinato de ciudadanos rusohablantes" las fuerzas ucranianas habrían utilizado lanzaderas Grad y Uragan, cohetes de aviación con cabezas de racimo, misiles tácticos Tochka-Y y otro armamento pesado "de acción indiscriminada", denunció.

Recordó que más de medio millar de edificios de viviendas fueron destruidos, además de escuelas y hospitales, lo que obligó a más de 300.000 personas a refugiarse en territorio ruso.

"Todos los hechos y pruebas ya recabadas por los investigadores rusos demuestran que esas acciones (...) se circunscriben no sólo en el marco de la legislación rusa, sino también en las normas del derecho internacional", apuntó.