La actual normativa obliga a las compañías Claro y Telefónica a distribuir un 15% de sus utilidades entre los trabajadores. Correa pretende que el 12% de esos recursos sean transferidos al Estado para financiar obra pública.

“¿Qué derecho es que 4.500 familias obtengan 130 millones (de dólares anuales) de utilidades en base al uso de un recurso natural de todos los ecuatorianos como es el espectro radioeléctrico?”, cuestionó Correa en una entrevista en Esmeraldas, donde participó de los actos por la independencia de la ciudad.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar el proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Telecomunicaciones. 

La presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, Betty Carrillo, deberá establecer la fecha para tratar el articulado.