"Estamos estudiando las acciones legales, que se iniciarán en las próximas semanas", aunque "va a ser una lucha difícil" por la ausencia de una jurisprudencia que proteja los derechos de los pueblos ancestrales, añadió Correa en el informe difundido hoy y grabado el viernes.

Esta, dijo el mandatario, es una muestra del "injusto orden internacional" que castiga con prisión la piratería industrial y de derechos de autor, pero que no persigue la que se hace con material genético obtenido de manera ilegítima de pueblos indígenas.

Correa aseguró que desde la década de los años setenta, investigadores de Estados Unidos obtuvieron muestras de sangre de indígenas de la etnia waorani, que habita en la Amazonía, sin su consentimiento, para elaborar investigaciones científicas.

Al menos, añadió, se han elaborado 31 artículos de investigación entre 1989 y 2012 sobre este tipo de muestras obtenidas sin el consentimiento de los indígenas ni el pago de regalías que se contempla para otro tipo de sustancias comerciales.

El presidente recordó que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en noviembre de 2012, elaboró un informe sobre el caso que involucra a la petrolera Maxus y a la fundación Coriell, así como a investigadores de la Universidad de Harvard (EE.UU.).

Aparentemente, dijo, personas vinculadas a Maxus, que operaba en la Amazonía, engañaron a indígenas para sacarles sangre y enviar las muestras a Estados Unidos para hacer experimentos.

Según Correa, "la gente de la selva que no ha estado en contacto frecuente con la civilización occidental (...) son inmunes a ciertas patologías".

Aunque no hay pruebas de que a raíz de estas muestras se hayan producido medicamentos de valor comercial, el hecho de que se haya extraído sangre, bajo engaños, es ya algo "grave".

Si una persona, explicó Correa, no paga las regalías por el uso de patentes, podría ir a la cárcel según la legislación vigente, lo que muestra que la ley protege siempre al capital.

Sin embargo, "si le roban sangre sin consentimiento a un pueblo ancestral, prácticamente no pasa nada", pues "no existe ley al respecto", enfatizó.

"Esto es lo que hay que construir" y "luchar para un verdadero sistema interamericano de derechos humanos", añadió Correa que cree que el asunto podría ir también a discusión en las Naciones Unidas.

Se trata de "defender la dignidad de las personas", a las que se les debe pedir el "consentimiento para usar material genético", agregó el mandatario que, en este caso, sostuvo que los waoranis deberían beneficiarse de las investigaciones, incluso si hubiesen consentido las tomas de sangre.

Es un "abuso terrible" por lo que "tenemos que crear una normativa interamericana y, porqué no, internacional, para sancionar esta clase de piratería y de engaños", reiteró el jefe del Estado ecuatoriano.

"Este es un caso explicito de lo injusto e inmoral que es el orden mundial", apostilló Correa.