En efecto, se armó un gran despliegue investigativo y se publicitó, con cifras y nombres, a los operarios de justicia que con esta falta de despacho permitieron la salida de muchos sindicados de cometer delitos considerados graves y fragantes que sacudieron a la opinión pública, sancionando a unos pocos jueces que abusaron de esta inercia, pero más satanizando a los abogados en libre ejercicio que beneficiaron a sus defendidos con este ardid, permitido, lamentablemente, dentro de la normativa legal imperante.

Los resultados están a la vista, se acabó casi en su totalidad el permitir esta especie de subterfugio para lograr la libertad de un sindicado no todas las veces culpable, pero el fin justificó los medios y quedó demostrado que no solo los abogados fueron los culpables y beneficiarios de esta liberalidad, con un estricto control a los jueces en el despacho de las causas y con las destituciones que se dieron. 

Se les acabó la fiesta, dice el Mandatario.

Pero aquí viene la inequidad de las autoridades judiciales, que sólo aplicaron la medida con los resultados dados al ámbito penal, desamparando a quienes tienen y deben litigar en el civil, donde no se aplican la mismas medidas administrativas pero sancionadoras a los administradores y operadores de justicia en ese ámbito, al igual que al contencioso, donde los procesos duermen el sueño eterno sin justificativo legal ni moral, y los procesos se vienen acumulando en gran perjuicio de la causa pública.

Qué saludable sería que el Consejo de la Judicatura realice un verdadero inventario de todas las causas represadas por meses y años, determinando sus verdaderas causas; porque en muchos casos también depende del interés del litigante, cosa que debe ser advertida por el juez, y en todo este entorno lograr que no se juegue con la credibilidad en la Justicia, puesta en duda por estas demoras injustificadas.

Inclusive se puede lograr el consenso de abogados en libre ejercicio para esta investigación.