Un análisis elaborado por la experta Jeannette Llaja y difundido por Demus indicó que entre los "riesgos latentes" está la intención de eliminar la obligación estatal de ofrecer educación sexual a adolescentes, supuestamente planteada en el proyecto de ley del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes.

Aseguró que esto "implicaría inclusive desconocer la legalidad del aborto terapéutico", que fue aprobado en Perú durante las primeras décadas del siglo XX, aunque nunca se ha aplicado por carecer de un reglamento oficial.

Según Demus, esto pone "en evidencia la contradicción existente entre el discurso oficial, favorable a los derechos humanos de las mujeres, expuesto en diversas citas y eventos internacionales y otros de carácter nacional, y las decisiones de Estado, que en el 2013 no han generado cambios orientados al reconocimiento integral de todos los derechos que les corresponde."

"El Gobierno habla del derecho a una vida libre de violencia pero le asigna apenas un 0,07 % del presupuesto del Ejecutivo, aprueba el plan para la prevención del embarazo adolescente con dos años de retraso, y hasta hoy no da luz verde al protocolo del aborto terapéutico", señaló Llaja en el informe.

Consideró también como negativa la acción estatal en torno a las observaciones que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo sobre el Quinto Informe Periódico de Perú, en marzo del año pasado.

Aseguró, al respecto, que no se han tomado acciones para garantizar justicia y reparación a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto interno que afrontó el país entre 1980 y 2000.

Además, que no existe ningún sancionado ni se han entregado reparaciones integrales a las mujeres que denunciaron que fueron esterilizadas contra su voluntad durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).