En total suman unas seis organizaciones, que consideran en que el texto tiene varios puntos que son subjetivos, carecen de una buena redacción o simplemente, no garantizan los derechos.

 

 médicos. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Manuel Álvarez, dijo que los miembros de la Comisión de Negociación enviarán este 2 de enero, una vez se reanuden las labores en el país, una carta al presidente Rafael Correa,pidiendo que se elimine el artículo 146 de la normativa.

Este gremio considera subjetiva la terminología que dice que el profesional de la salud será privado de libertad de 3 a 5 años si la muerte de una persona se da por acciones “innecesarias, peligrosas e ilegítimas”. Ellos dicen no saber “cuál es la definición de peligroso, innecesario e ilegítimo, da probabilidades para que el juez haga interpretaciones”. señaló el vocero.

 

 abogados. El secretario de la Federación Nacional de Abogados, Pedro Granja,  cree que el Código tiene “severas contradicciones constitucionales”. Asegura que tiene expresiones que dejan “tipos penales abiertos”. Señala como ejemplo que en la exposición de motivos se pretende preservar la paz social y también se ha establecido como delito la incitación a la discordia. “Han creado figuras penales invocando –la paz social–, obviamente con eso justifican la criminalización de la protesta social...”. indicó. 

 

 aborto. La organización 14millones, pide vetar el artículo 150 porque, a su criterio, deja “abierta la puerta para el aborto”, ya que mantiene la frase “salud de la mujer, es un pretexto con el cual se cometen interrupciones de embarazos bajo cualquier excusa en países como España”.

 

 protectores de animales. Ellos piden una objeción parcial al COIP, en rechazo a que el maltrato a los animales sea considerado como una contravención. 

Lorena Bellolio, presidenta de Protección Animal Ecuador, argumenta que el proyecto hasta ahora aprobado reduce las sanciones para el maltrato animal, lo que significa para ella un “retroceso”, pues las sanciones van en torno a trabajos comunitarios. Esta organización pide privación de libertad de hasta un año.