Actualizado hace: 931 días 3 horas 50 minutos
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S on ya varios años en que los presupuestos del sector público, tanto nacional como seccional, deben ser elaborados con participación de los beneficiarios. Esto mediante asambleas cuyos miembros puedan ser catalogados como representantes reales de algún sector de la sociedad.
Las inversiones del sector público, entonces, deben satisfacer ya necesidades sentidas de la comunidad.
Pero, lamentablemente, lo de participativo es solamente una etiqueta.
Porque cuando se reúnen las asambleas, el presupuesto ya está elaborado y son sus rubros ya aprobados los que se informan, sin que hasta ahora haya despertado verdadero interés en las comunidades por mejorar su nivel informativo para participar con propiedad.
Lo malo es que las instituciones del sector público hacen nada para que mejore el nivel de información de la comunidad.
Para que sus dirigentes sean capacitados para analizar y juzgar un presupuesto.
Y sin esos conocimientos no hay el necesario interés para ser parte de las asambleas de participación.
Es necesario, entonces, llevar adelante un proceso de capacitación en todo el país, porque la participación ciudadana es un formidable recurso para evitar el dispendio de los recursos de las instituciones.
De acuerdo con investigaciones llevadas a cabo, son cientos de millones de dólares que resultan mal utilizados, en unos casos, en otros, perdidos por falta de una adecuada planificación.
Y porque esas inversiones responden a la inspiración de un dirigente o de su grupo; inclusive en ocasiones son los oferentes de bienes y servicios quienes entregan a la institución compradora el proyecto para el que quieren vender sus provisiones.
La eficacia de los procedimientos que se han habilitado en busca de transparentar las inversiones públicas, ganaría mucho con la verdadera participación ciudadana.
Una participación con conocimiento, porque esa participación reduciría la eficacia de los procedimientos de los oferentes de bienes y servicios, obligando con ello, a todos, a regirse por las normas del Portal de Compras Públicas.
Es de esperar que en algún momento se legisle sobre la participación ciudadana inteligente y obligatoria para las decisiones de inversión pública y que se organice el control correspondiente para reducir las oportunidades de inversión únicamente como respuesta emocional o interesada.
Mientras eso ocurre, continuará el palanqueo de contratos y las decisiones que favorecen a pequeños grupos, evidenciando la parcialidad de los contratantes que ya tienen a los favorecidos cuando deciden realizar la inversión.
Lo necesario es que se amplíe el espectro de participación en todos los órdenes de la administración pública.
Para transparentar sus decisiones, para evidenciar el equilibrio que se debe mantener y estimular para fortalecer los vínculos internos de la comunidad, sin que ello signifique reducir o eliminar la competencia que es necesaria y beneficiosa.
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