“Todo plan de austeridad tiene su precio específico, su precio humano, pero lo que pedimos es que se analice cuál es la incidencia que tiene un rubro y cuál el otro, y que obviamente se dirija este programa a los parámetros que tengan menos incidencia”, señaló García.

El dirigente reconoció que el Estado gasta 800 millones de dólares al año en ese rubro.

García pidió al presidente Rafael Correa y al Ministerio de Relaciones Laborales que se haga “un análisis legal y humano” del tema.

“Hay que tener mucho cuidado, tomar en cuenta de que hay determinados rubros que tienen una incidencia humana y que están conceptuados como derechos, que no deben ser topados, y uno de ellos es, a mi consideración, el derecho a la alimentación”, dijo.