Dos razones son las que alejan a Sicilia de su objetivo en la Caravana de la Paz - una marcha de nueve mil kilómetros que empezó el 12 de agosto en San Diego y terminará el mes próximo en Washington - que busca crear conciencia sobre que EE.UU. influye en la producción y tráfico de drogas, por ser el mayor consumidor de estupefacientes del mundo y por alimentar a los cárteles del narcotráfico con sus políticas laxas sobre compra-venta y exportación de armas.

Primero, porque son temas tangenciales en la agenda de los candidatos Barack Obama y Mitt Romney, enfrascados en asuntos más urgentes: Recesión, economía y empleos. Segundo, porque el propósito de Sicilia de reclamar por un cambio de estrategia menos militar contra el narcotráfico se diluye cuando amplía su agenda más allá del pedido original. No solo pide que Obama restrinja el Plan Mérida por el que Felipe Calderón recibe millones para su estrategia antinarcóticos, sino que también reclama por temas sobre seguridad pública, migración y fraude electoral.

No por ello puede desconocerse el valor de su lucha. Al menos invita a reflexionar a los estadounidenses que el consumo de drogas y la posesión de armas no son solo libertades individuales, sino que tienen responsabilidades para terceros, incluso fuera de sus fronteras. Más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y decenas de miles de desplazados en México, desde que Calderón asumió reducir al narcotráfico en 2006, demuestran que existe una responsabilidad compartida.

La frase de Sicilia sobre que “EE.UU. nos ha creado una guerra, ahora le vamos a exigir que construya la paz”, no es una quijotada, sino sinónimo también de una disputa en el seno del Congreso. Esta semana, los legisladores republicanos pidieron a un tribunal federal que ordene al secretario de Justica, Eric Holder, desclasificar documentos sobre la operación “Rápido y Furioso”, que permitió introducir armas en forma negligente en México que terminaron en los arsenales del narcotráfico.

De todos modos, lo importante de la Caravana de la Paz es que no solo le sirve a Sicilia para honrar la memoria de su hijo Juan Francisco, asesinado en marzo del 2011 por el crimen organizado, sino también para darle voz a los familiares de miles de víctimas.

A esa cultura de la denuncia ciudadana que motiva, sin quererlo, Sicilia suma otro objetivo convalidando lo que el presidente Felipe Calderón y muchos de sus colegas latinoamericanos reclaman, cuando en sus discursos acusan a EE.UU. de no aceptar que deben compartir responsabilidades. Los líderes en Washington deben entender que la política represiva contra las drogas no debiera ser el único camino disuasivo contra el narcotráfico y que el consumo de drogas es, en definitiva, el mayor motor del problema.