Una de las polémicas conclusiones es en lo concerniente a la "manera balanceada" en que deben distribuirse los fondos de las ocho relatorías de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque actualmente la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que cuenta con empleados contratados a tiempo completo, gracias a un presupuesto anual cercano a los 900.000 dólares.Decenas de organizaciones no gubernamentales criticaron algunas de las reformas incluidas en el debate. Las reformas fueron introducidas "a última hora y sin posibilidad de participación de la sociedad civil", denunció el Comité para la Protección de Periodistas.  La embajadora María Isabel Salvador desde la OEA aclaró que Ecuador no fue proponente de las reformas, "planteamos únicamente que el sistema de derechos humanos tiene que ser universalizado".<