Aurelio Zambrano, asesor jurídico del Comité, señaló que en ese borrador se deteminaron responsabilidades, que faltan ser definidas con el documento final por parte del contralor general, Carlos Pólit, respecto a esta obra realizada en la administración de Patricia Briones.
Los resultados del examen, presentados el 24 de julio del 2009, arrojaron supuestas irregularidades, recalcó Zambrano; por eso hay influencia política, insiste, para que no se formalicen las responsabilidades. "No tenemos dinero para viajar siempre a Quito para el seguimiento de esta obra socialcristiana", sentenció y más bien pide apoyo al gobierno de la Revolución Ciudadana.
Entre las deficiencias consta que al encontrarse un canal cerrado se cambió la pendiente del diseño original, obligando a subir las tuberías, quedando las redes secundarias y terciarias a nivel de la calle; por lo tanto, las cajas quedaron más arriba del nivel de las casas.
La obra fue culminada en octubre del 2007, pero en enero del 2008, por el problema anotado, con las primeras lluvias el alcantarillado no funcionó, ocasionando inundaciones de aguas servidas, con lo que aparecieron las enfermedades. En fin, los estudios fueron mal concebidos, se expresa en el borrador.
Así, cuando se presentó este panorama, se propuso una estación de bombeo, pero fue desechada.
También se detectó mala calidad de tuberías, que por estar en superficie eran fácilmente dobladas; además, hubo desacoples.

 Nuevo. El alcalde Humberto Guillem dijo que para un nuevo alcantarillado, valorado en 1,8 millones de dólares, el dinero será conseguido mediante crédito con el Banco del Estado cuando haya oportunidad de hacerlo.<

V. Mendoza: contratistas no fueron honestos

La concejal Verónica Mendoza, quien también participó como edil en la administración de Patricia Briones, indicó que los contratistas de esta obra no fueron honestos para admitir que había errores y que no se debieron ejecutar los trabajos.
En el borrador de Contraloría se recomienda tomar acciones legales para recuperar valores invertidos en las obras que no prestan servicio, una vez que los contratistas no cumplieron con las especificaciones técnicas, que los fiscalizadores tampoco hicieron cumplir.<