El asunto toma importancia no sólo porque se deja a una importante vía sin la iluminación, manteniéndola como una avenida de alto riesgo para peatones y conductores y sin el servicio básico de alcantarillado en la zona del malecón ni comunicación entre Manta y Tarqui a través del puente, sino porque hay denuncias de que el pedido de coimas en el Ministerio de Economía y Finanzas, al que no accedieron los funcionarios que hacían los trámites, llevó a que se suspenda el desembolso del dinero. Grave acusación que debería ser investigada por el Gobierno, máxime cuando también fue ratificada por los alcaldes de Jipijapa, Portoviejo y Tosagua que hicieron una huelga de hambre en Quito para presionar al régimen la asignación de recursos prometidos y no entregados a pesar de que se habían cumplido los requisitos exigidos por la burocracia. El alcalde de Manta ha anunciado que retomarán las gestiones y, como administrador de la ciudad, exigirá la entrega de esos valores. Pero tal como están las cosas, lo que quedaría es esperar que el nuevo Gobierno asuma y haga justicia con los municipios, que deben mendigar asignaciones que por sí solos no pueden obtener porque su presupuesto es corto frente a la cantidad de necesidades insatisfechas de servicios básicos y otras obras. Si el Presidente electo ha anunciado la guerra contra la corrupción, lo ideal sería que disponga una investigación en el Ministerio de Finanzas y sancione a quienes han hecho del pedido de coimas un modus operandi.